PETITORIO AL PODER LEGISLATIVO
FUNDAMENTACIÓN:
A través de la presente solicitud, los profesores y comunidad educativa, nos dirigimos A LA OPINIÓN PÚBLICA Y AL PODER POLÍTICO QUE TIENE LA FACULTAD DE LEGISLAR EN NUESTRA PROVINCIA, para hacerles saber que, por trascendidos de fuentes confiables ha llegado a nuestro conocimiento el supuesto cierre de carreras y divisiones y, atento a la convocatoria a diversas reuniones en los Institutos Superiores de Formación Docente “Dr. Juan Pujol” y “Prof. José Manuel Estrada”, ambos de la Ciudad de Corrientes, en las cuales se debaten temas referidos a la elaboración de propuestas de modificación de las curriculas existentes por otras nuevas; y entre las documentaciones con las cuales hemos podido tomar contacto citamos, las Resoluciones N° 24/07 y 30/07 emanadas del Consejo Federal de Cultura y Educación, dadas a conocer por los organismos provinciales de la cartera educativa –Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes y Dirección General de Educación Superior- detectamos que en este sentido, el proceso de Reforma Educativa – si no atiende a nuestros legítimos e históricos reclamos -afectará gravemente los derechos adquiridos que nos serán conculcados como trabajadores de la educación. Por tal motivo y amparados en el derecho a la “estabilidad del empleado público” tal como lo manifiesta expresamente el art. 14° bis de la Constitución Nacional y el derecho a la defensa del empleo, según los Acuerdos Internacionales que fueron refrendados por nuestro país en la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y OIT (Organización Internacional del Trabajo); y que figura en el art. 75 inc.22 de la Norma Fundamental; nos posicionamos como docentes AUTOCONVOCADOS reivindicando el derecho al TRABAJO Y A LA ESTABILIDAD, debido a que la idea de cierres de cursos y divisiones de carrera está relacionado hipotéticamente con la creación de otras nuevas, en la que hasta la fecha no se nos ha notificado formalmente si para ello se incluirá mayor presupuesto al sistema- es decir al nivel superior no universitario- esto nos remite en la práctica a la cesantía masiva de docentes que pertenecemos a los institutos mencionados ya que, más del 90% aproximadamente revista como interino, y al producirse el cierre de las divisiones, el mismo conllevará como lamentable y nefasta consecuencia al CESE de actividades del personal docente que NO SOMOS TITULARES. Lo cual significa que los catedráticos estamos siendo convocados para reformular las carreras, pero al mismo tiempo esa actividad traerá aparejada el cese laboral, en un futuro próximo, de quienes fuimos llamados a participar en la elaboración de dichas propuestas. En otros términos, nos llaman para “participar” en la reformulación de carreras que van a significar nuestras propias bajas. La decisión política que sustenta el accionar antes mencionado se manifiesta en las actividades que se están desarrollando actualmente en las carreras de Nivel Inicial, EGB1 y 2 y el profesorado en Tecnología de los Institutos ya referidos. Cabe mencionar que la Resolución N° 30/07 del CFCE explicita lo siguiente “la experiencia de los 90 enseña la necesidad de preservar de los debates sobre la carrera docente y la formación de los asuntos que son intrínsecos a la tradición del trabajo docente, como la ESTABILIDAD en el puesto de trabajo o el principio de igual remuneración por igual tarea. Se trata de asuntos sensibles que, si resultan AMENAZADOS, dificultan toda posibilidad de analizar innovaciones en otros aspectos del trabajo docente y la carrera profesional….” El párrafo precedente expone con toda claridad cuál debería ser el temperamento a adoptar obviando la gestión política de turno, respecto a la transformación de la carrera docente: primero preservar la ESTABILIDAD laboral, y después avanzar con las reformas de las carreras. Esta es la Lógica que emanan de los documentos del nivel nacional. La petición a la defensa de la fuente laboral- es decir, a la ESTABILIDAD O TITULARIZACIÓN- es una consecuencia lógica que el Estado debe asumir como responsabilidad ya que, ha sido éste el que no ha cumplido con las titularizaciones por concurso. El Estado que ha encontrado idóneo y competente, a una persona para ocupar un cargo y lo ha designado a esos efectos, no puede desconocer sus propios actos y decir que ahora ese agente ya no es más requerible porque no es idóneo aunque las condiciones hayan cambiado; lo cual también denuncia por sí mismo otra gran debilidad de la Institución o del Sistema Educativo Provincial, y es la no observancia de la CAPACITACIÓN EN SERVICIO. Problemática que desplazó desde sí hacia cada uno de los docentes o no docentes en actividad. Si el Estado debió llamar a concurso para titularizar y no lo ha hecho, no es una responsabilidad del docente, que no tiene el poder para hacerlo, siendo además un pedido que se ha realizado en reiteradas proclamas en el pasado. El único responsable por el incumplimiento del llamado a titularización por concurso es el propio Estado y no puede trasladar la inseguridad jurídica y laboral al trabajador de la educación sea docente o no. También observamos, claramente que somos discriminados por la ley que nos debería resguardar y proteger; cuando en el proyecto de ley de titularización aprobado por senadores no se han incluido a sectores que se rigen por las mismas normativas como por ejemplo los PROFESORES DEL NIVEL SUPERIOR, BEDELES, PRECEPTORES (NIVEL MEDIO). Esto, conlleva un mensaje a la ciudadanía de privilegio hacia un sector en detrimento de otro. El Estado no puede aplicar distintas lógicas para resolver problemas idénticos. En el momento del nombramiento de los agentes que nos desempeñamos en el Nivel Superior, tanto los docentes como no docentes, del Instituto “José Manuel Estrada” y “Dr. Juan G. Pujol”, nos hemos regido por el Estatuto del Docente N° 3723/82, su Decreto Reglamentario N° 457/83 y sus modificaciones. Un Decreto-Ley moralmente cuestionado por ser herencia de la dictadura militar que gobernó la provincia entre 1976 y 1983. Este Decreto-Ley nunca fue revisado por los responsables de gobernar el estado, es decir, por ninguno de los poderes, y su vigencia se proyecta hasta nuestros días. Bajo esa norma parcializada y largamente cuestionada, se han producido los nombramientos de los agentes, en la misma se establecen que, una vez al año ( art. 19. Cap.VIII Estatuto del Docente), se debe llamar a concurso para cubrir los cargos de interinatos y suplencias, sin embargo los gobernantes no han sido obedientes a la ley, y al desconocerlas con sus actos, deben hacerse cargo de los efectos que eso produjo. Las personas que ingresamos a la docencia – específicamente los del nivel medio y superior-en los últimos quince años no hemos tenido la posibilidad de concursar por nuestros cargos u horas-cátedras, en tiempo y forma de acuerdo a la legislación vigente a esa fecha. No reconocernos estos derechos adquiridos es pensar que existen personas que son el “auxilio” político de gestiones pasadas y al mismo tiempo ser objeto de descarte para el empleador que es el Estado Provincial. Este mensaje dado por los gobernantes de turno , se constituyeron en normas perversas pues, ellos mismos las han evadido pero las imponen a otros de MANERA INCONSULTA Y CON SESGO AUTORITARIO, generando discriminación negativa, segregación y exclusión. Lo cual nos induce a pensar que existen ciudadanos de distintas categorías laborales en donde no debería darse, criterio al que NOS RESISTIMOS CON LA FUERZA RACIONAL QUE EL MOMENTO IMPONE ya que, precisamente, nuestra profesión y trabajo en los Institutos de Formación Docente gira en torno del respeto profundo por la CONDICIÓN HUMANA EN UN MUNDO GLOBALIZADO Y ALTAMENTE TECNIFICADO; evitando de esa manera que LOS FUTUROS FORMADORES DE CIUDADANOS, AQUELLOS A LOS QUE TENEMOS EL HONOR DE EDUCARLOS Y FORMARLOS, NO SE SIENTAN ALIENADOS. Pero, cómo enseñar lo que NO SOMOS?. Si nos excluyen laboralmente, cómo enseñar LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL?, si nos discriminan en el interior del sistema laboral, cómo enseñar la NO DISCRIMINACIÓN?. Advertimos que, esta situación cobrará dimensiones insospechadas si no se tiene en cuenta nuestro pedido; pues se producirán inexorablemente las bajas, cierres, fusiones, etc., en los institutos superiores a los que pertenecemos; lo que estimamos, se llevaría a cabo a principios del año 2009 si bien se trata de un segmento pequeño dentro del sector de empleados públicos, es altamente significativo para el futuro desarrollo de nuestra sociedad, pues también sobre nosotros descansa el destino promisorio de Corrientes. De modo que, los despidos individuales no solo permitirán que formemos parte de la tan temida y larga lista de desempleados, sino que se adicionará un aspecto que será determinante, y es que la crisis financiera global nos llevará a naufragar por estados personales y profesionales impredecibles. Creemos que somos un grupo social estratégico dentro de nuestra querida sociedad correntina, ya que tenemos diariamente en nuestras manos lo más preciado que pueda concebir toda sociedad y es a la misma comunidad con el espíritu de conservar y transmitir la cultura y los valores socialmente aceptables. Esto no podemos hacerlo si nos movemos en un mundo de incertidumbres, plagado de competitividad y no de competencia, de egoísmo y no de solidaridad, de violencia simbólica y no de paz social, de hambre de justicia y no de ejercicio de plenos derechos civiles, políticos y sociales o colectivos. En fin, depositamos en los representantes de la sociedad correntina nuestro destino profesional y laboral.
